Causa Educación: pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional para Raúl Care
El exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación ya había sido condenado hace un par de semanas por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada. La pena se resolvió mediante una decisión unánime.
Este viernes, por unanimidad, el Tribunal presidido por el juez Nieto Di Biase, que investiga la causa de defraudación en el Ministerio de Educación, decidió imponer una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al exsubsecretario de Coordinación del área, Raúl Care. Asimismo, se le dispusó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Care, fue condenado culpable por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada el pasado 22 de febrero, cuando el fiscal general Omar Rodríguez, tras una compleja investigación e hipótesis del caso, logro probar en juicio que la actividad del exfuncionario fue la de aprovecharse de su función “para favorecerse personalmente. Es una persona con instrucción que además tiene conocimientos de tareas administrativas, por lo tanto, tenía más conciencia de los hechos que estaba desplegando”. El fiscal había pedido que se le condene a 3 años y medio de prisión, más inhabilitación perpetúa, parta ocupar cargos públicos, además de hacerse cargo del costo de todo el proceso penal.
El defensor de Care, Andrés Meiszner, en la audiencia previa a la del aviso de la pena, había pedido dos años con prisión en suspenso para el exfuncionario. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal lo integraron los jueces Marcelo Nieto Di Biase (presidente), Martín O´Connor y Patricia Reyes.
Durante todo el proceso, el fiscal Rodríguez, pidió que se traten estos tipos de delitos con “Perspectiva de Corrupción”, ya que "las graves consecuencias sociales que producen los hechos de corrupción, como el delito de administración fraudulenta, investigado en esta causa. No es solo un daño económico, sino que con esta clase de delitos”, y además “se deslegitima a la democracia, se atenta con los derechos humanos de los más vulnerables, se afecta el sistema de salud, de educación, el servicio de Justicia, entre otros graves daños”.